No es nuevo el discurso que pone a los inmigrantes en el foco del conflicto: se los acusa de ser protagonistas del delito , de quitarle los empleos a los nativos, de "abusar" de los recursos del país. Pero ¿Qué hay de cierto en todo esto? Profesionales especializados en el tema explicaron a LA NACION cuáles son los mitos y cuáles las realidades sobre la población nacida en el extranjero que vive en la Argentina.
EL MITO DE LA INMIGRACIÓN DESCONTROLADA
Según el último Censo Nacional de Población de 2010, en la Argentina hay 1.800.000 residentes no nativos. Es decir que representan apenas el 4,5 % del total de la población que vive en el país. Esta cifra no varió demasiado en la primera década del siglo XXI: en el año 2001, los inmigrantes representaban el 4,2% de la población total.
Los inmigrantes que más aumentaron su presencia en el país provienen de países latinoamericanos y son alrededor de 1 470 000. La migración más dinámica y activa es originaria de Paraguay, Bolivia y Perú, que en conjunto representan el 75% de la migración latinoamericana.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) considera que "a pesar de ser cuantitativamente considerable el stock de inmigrantes en la Argentina es poco gravitante"
"La ley de migraciones argentina es de vanguardia y garantiza el acceso a derechos. Ese reconocimiento de derechos y los programas como Patria Grande y el Plan de Abordaje Territorial implementados por la Dirección Nacional de Migraciones, facilitaron enormemente la regularización de las personas migrantes. Por eso creemos que la cantidad de personas que aún no han regularizado su situación migratoria debe haberse reducido bastante", explicó a LA NACION Mariana Beheran, de la OIM de Buenos Aires.
La cantidad de personas que aun no ha regularizado su situación migratoria debe haberse reducido bastante
A pesar de las cifras oficiales, la percepción de los habitantes nativos suele ser diferente. "En el estudio Global Advisor realizado en 2011 por la Consultora Ipsos Mora y Araujo se reflejaba que el 61% de los argentinos considera que hay demasiados extranjeros: que generan problemas en el transporte público, la demanda de los servicios de salud y educación y dificultan la búsqueda de trabajo a los nacidos y criados en la Argentina", afirman Gonzalo Lantarón coordinador del Programa de Ciudadanía del Instituto abierto para el desarrollo y estudio de políticas públicas (Iadepp) y Carlos Celaya , consultor de comunicación y experto en el discurso sobre la inmigración en Europa.
"Hay lugares como Canadá o Australia con alta proporción de extranjeros donde no se visualiza eso como un problema y lugares como Argentina o España, con menor proporción de extranjeros en los que sí se interpreta como un problema", explican los expertos.
"Hay tres factores que influyen en eso: la concentración de inmigrantes (cuánto más se concentran en puntos específicos más se visualiza su presencia), que en Argentina es muy alta; el doble discurso de la política, que usa a veces la inmigración como un recurso electoral en lugar de destacar sus aportaciones; la falta de mecanismos para entender y cuidar las prioridades de la población local y la población inmigrante", añaden Lantarón y Celaya.
"Si lo comparamos con otros países de tradición inmigrante, Argentina está muy por debajo de los demás. Estados Unidos, con un 13 por ciento de residentes de origen extranjero, tiene la porción más alta de inmigrantes entre sus residentes que la mayoría de los países europeos, pero una porción menor a la de Australia y Canadá, alrededor de un 15% en cada caso. España se convirtió hace unos años en el estado de la UE con la mayor tasa de inmigración, el 10%, seguido por Francia (9,6%), Alemania (8,9%) y Reino Unido (8,1%)", detallan.
EL MITO SOBRE EL VÍNCULO DE LOS INMIGRANTES CON LA FALTA DE TRABAJO
"Es recurrente en la historia argentina y especialmente en momentos de crisis, responsabilizar a los inmigrantes limítrofes y peruanos por los altos niveles de desempleo", explica la OIM en su informe de 2012 .
Sin embargo, "las personas migrantes de países limítrofes se insertan mayoritariamente a partir de la demanda de empleos de baja calificación en el sector informal. Gracias a esta incorporación, algunos sectores se fortalecieron como la horticultura, la construcción y el trabajo doméstico", sostiene Beheran, de la OIM.
Algunas consideraciones de la OIM en el mencionado informe:
- "La participación de los inmigrantes limítrofes y de Perú en el mercado de trabajo argentino presenta un tipo de inserción limitada a ciertas ramas de actividad y a puestos de trabajo con mayor nivel de informalidad, distinguiéndose de forma evidente de la población nativa, quienes ocupan en proporción puestos de mayor calidad y productividad laboral".
- "Entre las ramas de la construcción, el servicio doméstico y el comercio, se emplea aproximadamente al 60% de la población inmigrante que trabaja en cada región".
- "En promedio los inmigrantes asalariados trabajan 39,5 horas semanales. En la industria textil, donde se registra una menor cantidad de asalariados, las horas promedio por semana trabajadas son 46,4".
- "Los trabajadores en relación de dependencia nativos reciben ingresos mensuales promedio superiores en un 41,2% a los inmigrantes limítrofes y peruanos".
EL DISCURSO QUE VINCULA INMIGRACIÓN CON DELINCUENCIA
En los últimos meses, algunos hechos policiales han sido utilizados por diferentes funcionarios para restablecer el discurso que vincula inmigración con delincuencia. Un ejemplo es el intento de asalto al fiscal Carlos Stornelli , en el que fueron detenidos varios ciudadanos colombianos. A raíz de este caso, surgieron comentarios que intentaron poner la responsabilidad de la delincuencia del país en manos de los extranjeros.
A pesar de hechos como el mencionado, las cifras oficiales disponibles no respaldan el pretendido vínculo. "Los datos sobre inmigración y delincuencia acompañan muy poco los discursos que pretenden atribuir la inseguridad al extranjero. Un juego peligroso que se proyecta sobre diferentes audiencias", sostiene el experto en el discurso sobre la inmigración Carlos Celaya.
Tal como publicó LA NACION a principios de septiembre* , según el informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), publicado en 2012 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en base a lo informado por los servicios penitenciarios provinciales y el federal, sólo el 5,7% de los presos en la Argentina son extranjeros (son 3534). Las cifras varían si se analizan por separado los distintos sistemas penitenciarios. En las cárceles provinciales, que alojan a alrededor del 84% de los detenidos en todo el país, los extranjeros representan apenas el 2,8% (1432).
En cambio en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal, en las que está alojada el 16% de la población carcelaria del país (9807), los extranjeros representan el 21% sobre el total de presos federales (2102).
"Lo más peligroso no es la construcción del estereotipo, si no que esto se cristalice luego en una ley", señala Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios legales y Sociales (CELS). "Un ejemplo de esto es la reforma al Código Procesal Penal. Se pasó del discurso de [ el secretario de Seguridad Sergio] Berni a una normativa que afecta a los extranjeros", dice Morales, en referencia a la posibilidad de expulsión de personas no nativas que sean detenidas en flagrancia de un delito.
Si bien el texto del proyecto de ley tuvo algunas modificaciones, Morales sostiene que la regulación no es adecuada. "Al considerar la cuestión de la expulsión como herramienta de negociación penal se arrastra el tema derechos de los extranjeros a una cuestión de proceso penal por fuera de la política migratoria", sostiene Morales. Y añade: "Por más que [la expulsión] resulte opcional, implicará una forma de incorporar un nuevo sistema de control migratorio".
Por su parte, en los Cuadernos Migratorios de la OIM , Marta Monclús y María Bernarda García señalan: "Si la agencia policial oficia de "vía de acceso" al sistema penal y es una institución que se caracteriza por presentar importantes niveles de discrecionalidad en su accionar, puede derivarse que el prejuicio social que indica que los inmigrantes presentan niveles de criminalidad más altos que los nativos genera una serie de prácticas e intervenciones discriminatorias sobre este colectivo que pueden redundar en una mayor exposición a ser detenidos y encarcelados".
LOS MIGRANTES Y EL CONSUMO DE RECURSOS
Otro lugar común es acusar a los inmigrantes de colapsar el sistema de salud público y aprovecharse de los subsidios del Estado. Lo cierto es que, más allá de que el acceso a la salud es un derecho para todos, para los ciudadanos no nativos es muy difícil.
"Es más sencillo responder a la falta de presupuesto sobre la base de un aumento de la demanda que revisar los circuitos de gastos, de acuerdos dentro de los hospitales o dentro del sistema de salud", dice Morales, del CELS.
"Estos mitos, con sus vueltas, articulaciones inverosímiles, se consolidan en normas, dispositivos burocráticos, que se convierten en obstáculos", agrega y destaca que la Ley de Migraciones, en su artículo 8, señala que "no podrá negársele o restringírsele en ningún caso, el acceso al derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria".
Es más sencillo responder a la falta de presupuesto sobre la base de un aumento de la demanda que revisar los circuitos de gastos
Como ejemplo de la dificultad de acceso a los servicios de salud, Morales explica que para las pensiones por discapacidad, la norma exige la acreditación de 20 años de residencia legal en el país (más del 76 % de discapacidad). "En el año 2007 la Corte declaró inconstitucional la norma, en un caso de la Clínica Jurídica del CELS y la Comisión de Apoyo a Refugiados y Migrantes (Caref) pero aún hoy se encuentra vigente. Una norma de estas características deja afuera a todos los niños extranjeros con una discapacidad relevante", sostiene.
Por su parte, Lantarón y Celaya coinciden en que "la mayoría de los beneficios o planes sociales le ponen una vara muy alta al inmigrante" que hace que sea muy difícil el acceso. "La Asignación Universal por hijo, por ejemplo, pide 3 años de residencia regular ininterrumpida por parte de la madre. El hijo nacido en argentina no puede percibir la asignación que es universal si su madre o padre no tienen su radicación desde 3 años al momento de requerirla", sostienen.
* A fines de septiembre se publicó el SNEEP correspondiente al año 2013. Las cifras no variaron demasiado: del total detenidos en todo el país, 60.571 son argentinos y 3436 extranjeros. En el SPF, 7903 son argentinos y 1892 extranjeros
http://www.lanacion.com.ar/1745247-mitos-y-realidades-sobre-los-inmigrantes-que-viven-en-la-argentina?utm_source=fb&utm_medium=publi&utm_campaign=1745247
.jpg)
.jpg)
.jpg)
